El miércoles pasado la Cámara de Diputados despertó de la hibernación electoral y volvió a trabajar. Uno de los proyectos beneficiados fue el de la Ley Nacional de Alquileres, que obtuvo dictamen único de la Comisión de Legislación General, unificando los tres proyectos que existían.

De esta forma, se encuentra casi garantizada la media sanción antes de que termine el período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre. La aprobación en el Senado dependerá de que Alberto Fernández la incluya en el temario de sesiones extraordinarias. La iniciativa da vueltas en el Congreso desde hace tres años, sin llegar a un acuerdo político que la convierta en Ley. Por suerte, uno de los efectos de haber cerrado el cronograma electoral es lograr destrabar el tratamiento de este tipo de normas, que suelen cajonearse, presas de la disputa macro-política, aún cuando las diferencias puntuales entre los bloques sean mínimas.

El proyecto, que unifica las iniciativas de Daniel Lipovetsky (Cambiemos), Agustín Rossi (FPV) y Felipe Solá (Red por Argentina), plantea la extensión del contrato mínimo de alquiler de dos a tres años y la creación de una formula para calcular los aumentos basada en la evolución de la inflación y los salarios, para que los propietarios dejen de calcular a ojo el aumento semestral del alquiler. También estipula que el locador podrá exigir sólo un mes de depósito.

Además, el proyecto busca facilitar el acceso de los inquilinos a las viviendas, al establecer distintos métodos de garantía a la hora de firmar el contrato. El locatario podrá proponer al menos dos opciones al locador, que tendrá que elegir entre ellas: la clásica garantía inmobiliaria, aval bancario, garantía de fianza, garantía personal o seguro de caución. Es este quizás uno de los puntos que podrían recibir modificaciones en el recinto, puesto que, si bien prevé ampliar las opciones de garantía, el locador aún podría negarse a alquilar la vivienda si no le presentan la garantía que prefiera, que usualmente es la inmobiliaria de familiar directo.

Desde la Cámara Inmobiliaria sostienen que condicionar más a los propietarios sería perjudicial para el mercado, puesto que “aumentarían el precio inicial de los contratos” para garantizarse mayores ganancias. Habrá que esperar al 20 o 27 de noviembre, cuando Diputados vuelva a sesionar, para que el proyecto sea tratado en el recinto.

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