Treinta y seis años atrás, cuando recuperamos el país de las garras de la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia, dijimos “Nunca Más”. Con el paso de los años la consigna se transformó en un pacto básico de convivencia. Fue fundacional, obligatorio y fundamental para construir un sistema democrático estable. Es un acuerdo que no permite silencio ni indiferencia. Podemos pararnos en veredas opuestas en cualquier otro tema, pero con la democracia, con la democracia no se jode nunca mas.

Nunca más bombardeos en Plaza de Mayo, nunca más tortura y exterminio, nunca más desapariciones, nunca más violaciones, nunca más apropiaciones. Nunca más silencio. Nunca más indiferencia.

La valentía y perseverancia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo las transformó en un símbolo mundial. La politica de derechos humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, convirtieron al país en un ejemplo internacional.

La derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, la transformación de los centros clandestinos de detención en espacios para la memoria, la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, el pase a retiro de la oficialidad castrense vinculada al golpe de Estado, haber bajado los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar, haber pedido perdón en nombre del Estado nacional “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia”, son solo algunos ejemplos de la política de Estado que terminó de apuntalar los cimientos democráticos del país.

Estas políticas, que fueron aplaudidas en los organismos internacionales, en Argentina recibieron criticas de por izquierda y por derecha. Tildadas de “curro” o “utilización política” se intentó opacar una decisión transversal que estuvo presente durante los 12 años kirchneristas.

De algo similar acusaron hace algunos días al presidente electo, Alberto Fernández, cuando recibió a Brian Gallo y se puso su gorra luego de que fuese discriminado y criminalizado por ser pobre. “Operación gorrita” le llamaron en las redes sociales, una vez más, por izquierda y por derecha. Alberto fue categórico: “Me dijeron que juntarme con él iba a parecer oportunista. Si es una oportunidad para que dejemos de un lado nuestros prejuicios, bienvenida sea”. Cuando se tiene el poder político y simbólico para revertir una injusticia, no debería importar el qué dirán o el impacto en la opinión pública, hay que hacerlo y punto.

Teniendo en nuestra historia reciente páginas oscuras en las que se interrumpió a sangre y fuego el orden constitucional, tenemos como país la obligación de condenar las rupturas institucionales, sobre en la región. El silencio de nuestra Canillería, incluso cuando hay cada vez más evidencia de las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, no puede pasar por alto.

En Bolivia hay un golpe de Estado

Una semana atrás, en medio de una crisis política producto de posibles irregularidades en el proceso electoral y luego de que Evo Morales aceptase la recomendación de la OEA de convocar a nuevas elecciones, la policía se sublevó y las fuerzas armadas le “sugirieron” a su Comandante en Jefe que renunciara.

Un médico intenta resucitar a un manifestante en Cochabamba.

Cualquier análisis o lectura que se haga debe partir de una concepción elemental: cuando las instituciones que ejercen el monoplio de la fuerza dejan de obedecer al poder político y apuntan sus armas contra éste, hay un golpe de Estado. No está en discusión, no hay medias tintas, no hay salvedades. Hay sedición militar y hay golpe de Estado.

Argentina, con un rol preponderante en la política regional de América Latina, erigida ante la comunidad internacional como un Estado comprometido en la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, con el peso de su propia historia en la espalda, no puede darse el lujo de permanecer callada.

Hace 7 días que el gobierno nacional mantiene el silencio. Cada día que pasa, es un poco más cómplice de un gobierno defacto que está persiguiendo, deteniendo y asesinando sin ningún tipo de resguardo. Lo único que tendría que haber hecho la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, era convocar a nuevas elecciones para formar un gobierno constitucional, pasó una semana y no hay ningún indicio de ello.

Hay persecución, represión y hostigamiento a la prensa nacional e internacional. A la prensa nos llegan pedidos desesperados de personas que, perseguidas y hostigadas, suplican que demos a conocer la discriminación, la tortura y el asesinato que están sufriendo. Las crudas imágenes y videos dan cuenta de la virulencia con que están persiguiendo a las comunidades originarias, víctimas de un odio racista que en Argentina nos cuesta dimensionar.

Mensaje recibido desde Bolivia la madrugada del 16 de noviembre
Mensaje recibido desde Bolivia la madrugada del 16 de noviembre

Si faltaba alguna evidencia para confirmar la escalada de violencia, el 15 de noviembre se emitió un Decreto Supremo que “exime de responsabilidad penal” al personal militar y policial de sus acciones represivas. Se trata, lisa y llanamente, de una licencia para matar.

El gobierno de Mauricio Macri, que a partir del 10 de diciembre será la principal fuerza opositora, transita el último mes a cargo del gobierno avalando un golpe de estado.

Quienes deberían dar un ejemplo democrático de respeto total y absoluto al orden constitucional, están terminando su mandato avalando una ruptura al orden constitucional y dejando un grave mensaje político a sus seguidores. Están poniendo en duda el “Nunca más”. Todavía están a tiempo, de hacer lo que hay que hacer.

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