El jueves 28 de noviembre se hizo la tercera edición de la Marcha de la Gorra en la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que nació en la Ciudad de Córdoba en el 2007 para repudiar la violencia policial, la criminalización de la pobreza y la estigmatización de la juventud

La movilización, de Avenida de Mayo y 9 de Julio al Congreso de la Nación, fue en reclamo por los casos de gatillo fácil, los abusos policiales y para mantener viva la memoria de las victimas de la violencia institucional. Las agrupaciones sociales, políticas y barriales consensuaron un documento donde condenaron “la política neoliberal del gobierno de Mauricio Macri” que necesitó recurrir a la represión para garantizar el ajuste. Allí, resaltaron que el gobierno macrista “dejó el saldo alarmante de una persona muerta cada 21 horas como resultado de la represión ejercida por el Estado”.

En los barrios del área metropolitana lxs pibes sufren en carne propia la discriminación por ser jóvenes y pobres. Un estudio del Instituto de Investigaciones Gino Germani sobre la percepción social del accionar de las fuerzas de seguridad, realizado en diciembre del 2018 a mayores de 15 años en la Ciudad de Buenos Aires y 24 municipios bonaerenses, dio como resultado que uno de cada cuatro encuestados había sufrido algún tipo de violencia por parte de uniformadxs.

Ese mismo estudio arroja que entre la juventud de 15 a 29 años, el 41% sufrió violencia institucional, mientras que entre lxs mayores de 30 ese número se reduce al 12%. El 99% de las victimas no realizó la denuncia, por lo que para las cifras oficiales esos hechos no ocurrieron. El principal tipo de violencia sufrída es simbólica y psicológica, incluye detenciones arbitrarias en la vía pública por “portación de cara” y violencia verbal.

“Queremos construir un país donde nadie nos mate los sueños, no queremos perder más hermanos ni amigos en manos de las fuerzas de seguridad. Necesitamos construir una Argentina de oportunidades para la juventud, que nos permita ser la generación que ponga al país de pie y sea protagonista de una sociedad más justa y con menos violencia” sostuvo Julieta Gargiulo, referente de la JP Evita, una de las agrupaciones que organizaron la marcha.

Tras la lectura del documento central que denunció el incremento de la problemática durante los cuatro años de macrismo, se recordó los nombres de decenas de jóvenes asesinados por la policía.

La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad eliminó el control civil sobre el accionar policial y la doctrina Chocobar alentó el uso de la violencia con el reaseguro de ser defendidos desde la centralidad del poder político. El Poder Ejecutivo Nacional no dudó en intervenir públicamente en defensa de uniformadxs en distintas causas judiciales, incluso antes de conocerse las pruebas, como en el caso de Rafael Nahuel o el de Santiago Maldonado.

En el acto de cierre se denunció el rol “de los medios de comunicación hegemónicos” en la generalización de los estereotipos negativos que justifican los excesos policiales y se reclamó por el esclarecimiento del asesinato de Marielle Franco en Brasil. La consigna central fue “los pibes no somos los violentos, el Estado violenta nuestros derechos” y “Macri ya fue, la yuta también” para que el gobierno de Alberto Fernández transforme el rol de las fuerzas de seguridad. La foto del presidente electo con Brian, el joven discriminado por su aspecto al ser presidente de mesa el 28 de octubre, es un primer paso en el camino correcto de romper con los estereotipos que justifican la violencia institucional. A partir del 10 de diciembre, las buenas intenciones deberán transformarse en políticas efectivas.

De la manifestación participaron los espacios juveniles del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, La Cámpora, El Frente Popular Darío Santillán, la Martín Fierro y el Movimiento Patria Grande.

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