Han transcurrido ya algunos días de la nueva gestión económica, y lo exiguo del tiempo impide evaluar resultados, pero las medidas que se han tomado permiten juzgar las intenciones. La capacidad de esas políticas para concretar los objetivos son un interrogante, claro está. Lo cierto es que a juzgar por los primeros pasos que se han dado, la idea es diametralmente opuesta a la del gobierno que se fue, y si todo fuese lineal, el fracaso de esas políticas nos permiten tener expectativas de que estas nuevas traerán mejoras en los indicadores y la calidad de vida de la población.

Lo interesante es que a pesar de las diferencias, hay un denominador común, y realizar reflexiones sobre esos puntos similares y sortear los análisis dicotómicos desafía nuestra capacidad de comprender y sacar conclusiones sobre lo que sucede.

Este lugar de contacto es la voluntad del gobierno de mantener la disciplina fiscal. Esto no es una obviedad, ni siquiera para los que seguimos de cerca los temas económicos. No lo es, sobre todo para los que durante toda la campaña advertían sobre los riesgos del “regreso del populismo al poder”.  

No hay ninguna intención de prender la maquinita, ni mucho menos de hacer crecer el déficit fiscal. Y esto no es incompatible con realizar una política expansiva, donde el crecimiento sea el ordenador,  ya que la diferencia está en cómo se encara. La disciplina fiscal no se logra solo abogando por achicar el estado y bajar el gasto reduciendo las prestaciones de éste, sino también recaudando más y mejor, apuntalando los ingresos. Parece que esto hay que repetirlo, porque durante 4 años parecía que solo era posible lograrlo quitando subsidios a determinadas actividades (los destinados a bajar las tarifas de los servicios públicos, por ej.) o pauperizando las capacidades del estado.  Gravar las grandes fortunas o buscando progresividad en la estructura impositiva nunca estuvo en el discurso del anterior gobierno, salvo situaciones críticas, como cuando se pusieron retenciones al campo a regañadientes (el presidente admitiendo que era un impuesto “malísimo”). Una falta de convicción que llevo a que sea haga de forma errónea y deficiente.

Y esto si es puramente ideológico, ya que responde a los intereses que se representaron, que no son más que los de los sectores concentrados, las grandes fortunas y los poderes facticos, a pesar de estar decorados con teorías como el derrame o la lluvia de inversiones, propiciando un contexto amigable para realizarlas, que generalmente es un estado reducido o una baja carga impositiva.

Hay un cambio de enfoque en este sentido, donde se invierte la causalidad y la ecuación funciona en reverso. La economía no mejorara si se recorre el camino de la austeridad profundizando la recesión. La economía debe crecer, recuperar empleos y movilizar sus capacidades para que el estado recaude los impuestos que están ligados a la actividad y mejorar así las cuentas fiscales (como IVA e IIBB). Saliendo de la experiencia local, es interesante ver los casos de Portugal y Grecia, dos ejemplos que cotejan estas afirmaciones en ambos sentidos.     

Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación.

La situación delicada con la deuda y la necesidad de encarar de forma rápida y efectiva la negociación con los acreedores privados y el FMI, convierten hoy a esto en una necesidad. El estado necesita generar excedentes fiscales y también comerciales para encarar el pago de una deuda que es sin dudas una prioridad para el nuevo gobierno. La elección del ministro de economía habla por sí sola, un académico experto en deuda soberana y con una visión acorde al momento político.

Una macroeconomía ordenada, con superávits, certidumbre sobre el mediano plazo para concretar proyectos de inversión (sobre todo los destinados a exportaciones) y bajar las tasas de interés serán los pasos que debería dar la economía argentina durante 2020 si se quiere crecer, y el gobierno entiende que mostrarse racional con la utilización de los recursos del estado es una señal fundamental.

Ahora bien, esto por el lado de la oferta. Como es la visión de muchos, esto no alcanza si no se atiende la otra parte de la ecuación. Es necesario recrear la demanda, y la ley de emergencia apuntó a eso. La forma en que lo expresa el presidente es clara y vale la pena ponerlo en las mismas palabras: hay que parar la pelota y detener la caída. El desajuste de precios relativos y la redistribución regresiva del ingreso hicieron estragos. Hay que recomponer esa situación. Y los sectores que se deben atender son los más vulnerables. Los congelamientos de precios que se anuncian estos días van en la misma dirección, los precios relativos deben modificarse. Al igual que en el pasado, los aumentos por decreto para el sector privado y de suma fija serán una herramienta que se utilizara hasta que la puja distributiva se pueda resolver de forma pareja y no en la desventaja que hoy se encuentran los trabajadores, con un 10% de desocupación.   

La emergencia no es un capricho ni un intento de tener poderes extraordinarios para violar la convivencia democrática. Se sabe que la ley de leyes es el presupuesto, y que ningún gobierno debe estar impedido de gobernar con el propio. El presupuesto que deja la gestión de Macri para 2020 no tiene nada que ver con el rumbo y los objetivos que tiene el nuevo gobierno, por eso la necesidad de buscar una alternativa.

Se necesitan soluciones veloces a problemas que verdaderamente son urgentes. El consejo contra el hambre es una idea innovadora y va en este sentido. Luego están las cuestiones estructurales que deben ser atendidas si no queremos que estos sean la constante.

El Impuesto PAIS, con 30% a la compra de dólares para atesorar y para gastos en turismo es una respuesta alternativa a la devaluación sistemática del peso y evitar el efecto inflacionario que tiene sobre los alimentos y los insumos necesarios para la producción nacional. No es sencillo armonizar el equilibrio de las cuentas externas y desacoplar esto de la evolución de los precios internos. Las actualizaciones en las retenciones a los productos agropecuarios son parte de ese plan.

Todo esto va en el mismo sentido, ordenar las cuentas públicas. Tal vez en un contexto donde se ajustaron jubilaciones (altas, es cierto) y las carga impositiva de los sectores medios no ha cedido, se espera que el alivio venga por el lado de las tarifas y los alimentos, ambos componentes fundamentales en la baja de la inflación. Si no es así, serán cada vez más frecuentes los reclamos de austeridad en la política y el cuestionamiento a sectores privilegiados como la Justicia, que a esta altura se mantiene increíblemente al margen de los sacrificios del conjunto. Es más comprensible, aunque se dude de su efectividad, la situación de la minería y derivados del petróleo como el proyecto de Vaca Muerta, donde se apuesta a potenciar su capacidad exportadora. 

El gobierno está desplegando su programa y seguramente serán meses de mucha actividad. Con los primeros indicadores, se espera que se haga efectiva la promesa de “detener la caída”. Eso será un gran logro luego de meses de recesión, y la apuesta completa incluye el pacto social de precios y salarios. O control de precios, si entendemos que las declaraciones de esta semana apuntan a poner a raya a los grandes oligopolios, que los hay en todas las cadenas y sectores.

Esta amalgama de ajuste y expansión, ortodoxia fiscal y heterodoxia en materia de ingresos, es  la versión económica de lo que expresa políticamente el frente, lejos de los discursos homogéneos y las visiones monocordes, que en definitiva, expresan las visiones de los amplios sectores que le dieron su apoyo en las últimas elecciones con el fin de terminar con el experimento fallido de la alianza PRO-UCR.   

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