Foto: AP

La emergencia alimentaria obtuvo este jueves la media sanción de Diputados. El proyecto presentado por Agustín Rossi (Unidad Ciudadana) obtuvo 222 votos positivos y la abstención de Mónica Schlotthauer del Frente de Izquierda. El interbloque de Cambiemos se sentó y oprimió el botón verde junto a la oposición, logrando una media sanción casi unánime.

El oficialismo desbloqueo de esta manera un nuevo nivel de desorganización política. El pedido por la declaración de la emergencia alimentaria, que tomó las calles hace semanas, no buscaba la sanción de una ley sino la firma de un decreto presidencial que diese respuesta rápida a un reclamo urgente.

No se entiende entonces el recorrido del oficialismo, que pasó en 15 días de negarse a sacar el decreto, acusando a las organizaciones sociales de querer desestabilizarlo, a pedirle a sus diputados y diputadas que ocupen sus bancas para debatir e incluso acompañar la medida. Detrás de la especulación política o la falta de lectura social, hay gente que la está pasando mal.

En los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, distrito con el PBI per capita más alto del país, funcionan más de 500 comedores y merenderos. En esos lugares se alimentan 50 mil personas por día y la mayoría tienen lista de espera o hacen malabares para contener el crecimiento de la demanda, “La ciudad nos entrega comida para 75 personas y nosotros le estamos dando a 150. Tenemos que agregar arroz, fideos, cosas que estiren la comida, aunque bajen la calidad” cuenta Pablo Arturi, dirigente de la Corriente Peronista Descamisados.

En la provincia de Buenos Aires el Estado cubre entre el 30 y el 40 por ciento de la mercadería de los comedores, “el resto es gestión de los propios compañeros y compañeras del territorio” asegura Emilio Persico, Secretario General del Movimiento Evita, que gestiona 1.700 comedores en el conurbano bonaerense. “En un comedor donde comían 60 chicos, en Isidro Casanova, hoy comen 360. La mayoría busca viandas para llevarse, y no es una zona de las más castigadas” cuenta a modo de ejemplo el dirigente.

IPCBA Julio-2019, Dirección General de Estadisticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires – Disponible ACÁ

El reclamo que motorizaron en la calle la CTEP, la CCC, Barrios de Pie y demás organizaciones sociales apuntaba a conseguir una inyección presupuestaria de emergencia como paliativo a esta situación que se deteriora cada vez que suben los precios y baja el poder adquisitivo del salario. Según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, 600.000 habitantes de la ciudad están bajo la línea de pobreza y 200.000 cayeron en la indigencia. Según datos del mismo organismo, los precios de la canasta básica alimentaria aumentaron en julio un 52,6% interanual.

El Poder Ejecutivo Nacional, que tenía la posibilidad de firmar un decreto de necesidad y urgencia que agilizase la respuesta del Estado, optó por desprestigiar la protesta y circunscribirla a la campaña presidencial. “Esta situación social está construida y armada, son parte del Frente de Todos” sostuvo Patricia Bullrich en Todo Noticias y ayer en Radio La REd afirmó que “si la gente tiene hambre, tinene los comedores”. El intento del oficialismo por asociar el reclamo al kirchnerismo olvidó que la emergencia también había sido pedida por Roberto Lavagna, la Unión Industrial, la Iglesia, la Federación Agraria o los partidos de izquierda.

En la mesa chica de Marucio Macri se calculó primero con el desgaste de la protesta social, luego con que la oposición no lograse un proyecto de ley unificado, después con que no obtuviesen el quorum, hasta que finalmente ayer el presidente dio el visto bueno a sus legisladores y legisladoras para acompañar la media sanción, mientras visitaba obras del Belgrano Cargas en la Santa Fe.

El proyecto de ley, cuyo borrador preveé un aumento del 50% para comedores y merenderos hasta diciembre de 2022, y la autorización a la Jefatura de Gabinete de Ministros para reorientar partidas hacia tal fin, tendrá ahora que esperar unos 10 días más para ser tratada por el Senado y finalmente promulgada. Un largo camino que Mauricio Macri podría haber evitado con un poco más de cintura política.

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